La Fiscalía considera que no estarían prescritos los presuntos delitos en el proyecto Meseta Esquí

Foto La Sexta. 

Los grupos Socialista y Toma la Palabra han recibido la notificación del Decreto de la Fiscalía sobre Meseta Esquí donde asume las denuncias que formularon junto con el Grupo Si Se Puede tras la elaboración de las conclusiones de la Comisión de investigación que se habilito para tal fin en la Diputación Provincial.

La Fiscalía resuelve como fundamentos de derecho que los hechos, tal y como se han descrito revisten indicios de delitos de malversación, prevaricación y falsedad.

Que tales infracciones no estarían prescritas: dado que el daño producido estimado es mayor a 50.000€ las prescripciones son de 15 años, siendo las sanciones para estos delitos la posible inhabilitación por periodos entre 10 y 20 años

Después de un año desde que los grupos presentaron ante en la Fiscalía la documentación recopilada en el seno de la Comisión de Investigación sobre la gestión del proyecto Meseta Esquí con el fin de que fuese este órgano el que aclarase la existencia o no de posibles delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Una vez que la fiscalía asume nuestros razonamientos, es decir:  la ocultación del volumen de las obras pretendidas para eludir los controles que exigía la ley de contratos, lo que afectó también a la licencia que se solicitó y se obtuvo para una obra mucho menor y diferente de la que finalmente se hizo. Cabe recordar, además, que esta obra se intentó legalizar con la tramitación en las Cortes de la correspondiente ley para su consideración como Proyecto de Interés Regional, norma que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. 

Este hecho, sumado al de la demolición de las obras, lo que conllevó la pérdida de la inversión realizada, podrían ser las causas de la presunta malversación de fondos públicos .Se realizaron obras, aunque no se sabe con certeza quién las mando ejecutar (según las investigaciones realizas por la Comisión hay indicios de que pudo ser el presidente de la Sociedad, Alfonso Centeno), y que la obra se licitó con unas bases de contratación aunque el contrato firmado fue diferente y beneficiaba muy favorablemente al contratista, lo que se realizó sin pasar por el Consejo de Administración de Sodeva, donde están representados los grupos de la oposición. Casi dos tercios de las certificaciones de obras se hicieran con la obra parada, lo que podría responder al deseo de que el Consejo de Administración no conociera el verdadero volumen de las obras ejecutadas.

El juzgado ahora, tendrá que dilucidar quienes son los responsables de estas irregularidades y de haber despilfarrado mas de 11 millones de euros de dinero público. 

Para ambos grupos políticos, el Presidente de entonces de Sodeva Alfonso Centeno y el Presidente de la Diputación Ramiro Ruiz Medrano son los máximos responsables políticos, esperando puedan ser sancionados con las infracciones que este tipo de delitos pueda acarrear.